En este artículo, exploramos la Ley 20.720 de reestructuración y reorganización empresarial en Chile. Esta ley ha sido una herramienta clave para enfrentar los desafíos económicos y laborales que las empresas pueden enfrentar en momentos de crisis. Es importante comprender cómo funciona este marco legal y cómo afecta a los trabajadores y empleadores involucrados. Acompáñanos en este recorrido por los antecedentes, el propósito, el marco legal y los impactos de la Ley 20.720.
Antecedentes de la Ley 20.720:
La Ley 20.720, también conocida como Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, fue promulgada en Chile en el año 2014. Su objetivo principal era modernizar y mejorar los procesos de reestructuración y liquidación de empresas en situaciones de insolvencia. Antes de esta ley, los procesos de quiebra y reorganización eran complejos y poco eficientes, lo que afectaba tanto a las empresas como a los trabajadores involucrados.
Es importante destacar que la firma del finiquito no impide a los trabajadores ejercer acciones legales en caso de existir irregularidades o incumplimientos por parte del empleador. Por lo tanto, es fundamental revisar detenidamente el documento y asegurarse de que todos los conceptos estén correctamente reflejados.
Tabla de Contenido
¿Cuál es el propósito de la Ley 20.720?
El propósito fundamental de la Ley 20.720 es permitir que las empresas que enfrentan dificultades financieras puedan reorganizarse y recuperarse de manera más ágil y efectiva. Esto se logra a través de procedimientos de reestructuración que buscan mantener la continuidad de las operaciones empresariales, proteger el empleo y pagar las deudas a los acreedores de manera justa y ordenada. La ley también busca fomentar el emprendimiento y la inversión, brindando a los empresarios una segunda oportunidad para superar momentos difíciles
Marco legal y contexto histórico:
La Ley 20.720 se enmarca en el sistema legal chileno de insolvencia y reorganización empresarial. Antes de su promulgación, este sistema enfrentaba críticas por su rigidez y falta de opciones para las empresas que pasaban por problemas financieros. La nueva ley introdujo herramientas legales más flexibles y una mayor protección para los trabajadores y sus derechos laborales durante los procesos de reestructuración y liquidación.
Además, tiene la obligación de devolver cualquier bien o herramienta que sea propiedad del empleador y mantener la confidencialidad de la información sensible a la que haya tenido acceso durante su empleo. Por su parte, el empleador tiene la obligación de pagar las prestaciones adeudadas y entregar al trabajador los documentos necesarios para su futura cesantía y postulación a beneficios sociales.
Principales objetivos y beneficios:
Entre los principales objetivos de la Ley 20.720 se encuentran la agilización de los procesos de reorganización, la protección de los trabajadores afectados, la viabilización de empresas en crisis, y la maximización de la recuperación de los créditos para los acreedores. Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de que las empresas en dificultades puedan presentar una propuesta de acuerdo a sus acreedores, lo que les permite negociar deudas y plazos para garantizar la continuidad de sus actividades comerciales.
Proceso de reestructuración y reorganización:
El proceso de reestructuración y reorganización contemplado en la Ley 20.720 es una oportunidad para que las empresas enfrenten sus problemas financieros y busquen una solución viable. Comienza con la solicitud de reorganización presentada por la empresa deudora ante el tribunal competente. A partir de ese momento, se abre un período de negociación con los acreedores, donde se busca alcanzar un acuerdo que permita la recuperación de la empresa.
Participantes y roles clave en el proceso:
En este proceso, intervienen varios actores clave, incluyendo al deudor, los acreedores, el tribunal competente y el administrador de la reorganización. El deudor presenta la solicitud de reorganización y es responsable de elaborar una propuesta de acuerdo para negociar con los acreedores. Estos últimos tienen el derecho de votar la propuesta y aceptar o rechazar los términos. El tribunal es el encargado de supervisar y aprobar el acuerdo final, mientras que el administrador de la reorganización asesora y apoya tanto al deudor como a los acreedores durante el proceso.
Impacto y resultados de la Ley 20.720:
Desde su implementación, la Ley 20.720 ha tenido un impacto significativo en la manera en que las empresas enfrentan situaciones de crisis financiera. Ha permitido que muchas empresas se recuperen y continúen operando, protegiendo así el empleo y la economía del país. Además, ha dado mayor certeza y transparencia a los procesos de reorganización y liquidación, otorgando una mayor confianza a los inversores y acreedores. Sin embargo, como en todo proceso legal, también ha enfrentado algunos desafíos y áreas de mejora, lo que ha llevado a revisiones y ajustes para seguir perfeccionando el sistema.
