La Ley 20.720, o Ley de Quiebras, es una normativa chilena que regula los procedimientos de reorganización y liquidación de deudas para personas y empresas en insolvencia. Entró en vigor en 2014 y reemplazó el régimen concursal anterior.
Amigo lector, sé que enfrentar una situación de insolvencia puede ser una experiencia desafiante y llena de incertidumbre. Sin embargo, no estás solo. La Ley 20.720, también conocida como la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, está aquí para ofrecer una solución estructurada a los problemas financieros que puedan estar afectando tanto a empresas como a personas naturales.
Esta ley, vigente en Chile desde 2014, sustituye el antiguo régimen concursal y ofrece una vía legal clara para la reorganización de deudas o, si es necesario, para la liquidación ordenada de los bienes del deudor. Si deseas más información sobre este proceso o necesitas asesoría especializada, te invito a visitar nuestra sección de Defensa en deuda, donde encontrarás recursos útiles que te ayudarán a navegar por estos desafíos financieros.
¿A quién está dirigida?
La Ley de Quiebras abarca dos grandes tipos de deudores
- Empresas: Tanto las grandes empresas como las PYMEs que estén en una situación de insolvencia pueden acogerse a esta normativa. Esto es clave para las empresas que necesitan una reorganización financiera, lo que les permite mantener sus operaciones mientras trabajan en la restructuración de sus deudas.
- Personas naturales: Cualquier individuo que no tenga la capacidad de pagar sus deudas, ya sea por razones económicas o por un mal manejo de sus finanzas, puede solicitar los procedimientos establecidos en la ley. Este punto es importante ya que ofrece una oportunidad para que las personas puedan renegociar o liquidar sus deudas de una manera más transparente y regulada.
¿Cómo beneficia a los deudores?
La principal ventaja para los deudores es que, al acogerse a la Ley 20.720, se activa un proceso de protección financiera. Esto implica que, una vez que se inicia el procedimiento concursal, se suspenden las acciones judiciales en su contra, lo que les da un respiro temporal para reorganizar su situación financiera. Además, los deudores pueden acceder a mecanismos legales que les permitan negociar directamente con sus acreedores, lo cual puede resultar en la reducción o reestructuración de sus deudas.
En resumen, la Ley de Quiebras no solo es una herramienta de liquidación, sino que ofrece una oportunidad para que las empresas y las personas puedan reordenar sus finanzas, evitar la bancarrota y seguir operando o reemprendiendo sus proyectos. Esto la convierte en una ley de gran relevancia para quienes se ven envueltos en dificultades financieras.
¿Qué es la Ley 20.720 y a quién beneficia?
La Ley 20.720, también conocida como la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, es un marco legal que entró en vigor en Chile en 2014, con el objetivo de sustituir el anterior régimen concursal. Su propósito es ofrecer una vía para la reorganización de las deudas o, en su defecto, la liquidación de los bienes de los deudores.
PD: Esta ley está diseñada para que tanto personas naturales como empresas en situación de insolvencia puedan encontrar una salida ordenada a sus problemas financieros.
Preguntas frecuentes sobre la Ley 20.720
Entre las ventajas de la Ley 20.720 están la reorganización de deudas, el alivio de cargas financieras y la protección judicial temporal que detiene acciones legales contra el deudor mientras se negocian los pasivos.
En el procedimiento de liquidación, los bienes del deudor son vendidos para cubrir las deudas. Esto puede incluir tanto bienes personales como empresariales, dependiendo del tipo de deudor y del acuerdo con los acreedores.
Cualquier empresa, desde PYMEs hasta grandes corporaciones, puede acogerse a la Ley de Quiebras si enfrenta problemas de insolvencia. El procedimiento varía según el tamaño y la situación financiera de la empresa.
El tiempo depende de la complejidad del caso, pero los procesos de reorganización suelen tardar entre 3 y 6 meses, con posibilidad de extensión dependiendo de las negociaciones y acuerdos con los acreedores.
