Tutela de Derechos Fundamentales

Cuando el empleador o su representante llevan a cabo acciones o implementan medidas que restringen injustificadamente el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, de manera arbitraria o desproporcionada, o sin considerar su contenido esencial, se produce una vulneración o lesión de estos derechos según lo establecido en los artículos 2 y 62 bis del Código del Trabajo.

Los requisitos son las condiciones para que como trabajador puedas llegar a entablar una demanda en contra de tu empleador. a) que la acción nazca de cuestiones suscitadas en la «relación laboral» y, en este caso, «con ocasión del despido»; b) que la cuestión se haya suscitado por aplicación de las normas laborales;  c) que la vulneración afecte o lesione derechos fundamentales del trabajador contemplados en el artículo 485 del código laboral, entendiéndose por tal cuando se limita el pleno ejercicio de aquéllos ¿sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial»;  d) que la vulneración se produzca «en el ejercicio de las facultades del empleador»;

El trabajador afectado directamente o el Sindicato, invocando un derecho o un interés legítimo, podrán denunciar ante la Inspección o ante los Tribunales de Justicia la vulneración de un derecho fundamental o una práctica antisindical o desleal en la negociación colectiva.

La Inspección del Trabajo, actuando dentro del ámbito de sus atribuciones y sin perjuicio de sus facultades fiscalizadoras, cuando tome conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales deberá denunciar el hecho ante el Tribunal competente, acompañando el informe de fiscalización correspondiente y pudiendo hacerse parte en el juicio. Ya sea que la denuncia a los tribunales es presentada directamente por el trabajador (a) o el sindicato, o bien a través de la Inspección del Trabajo, su acogida significará la apertura de un juicio por Tutela Laboral.

Si un trabajador ha sido despedido violando sus derechos fundamentales, solo él o ella podrá presentar una acción judicial. La demanda debe presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su despido y se puede suspender en los casos ya mencionados anteriormente. En caso de ser declarado culpable, el juez puede ordenar el pago de las indemnizaciones legales con recargo, así como una indemnización adicional que puede variar entre seis y once veces la última remuneración mensual del trabajador.

Si el Tribunal determina que el despido fue discriminatorio y grave debido a los actos discriminatorios cometidos por el empleador, el trabajador tendrá la opción de elegir entre la reinstalación o las indemnizaciones mencionadas anteriormente.

El acoso laboral se define como cualquier tipo de comportamiento repetido de agresión o acoso por parte del empleador o de uno o más colegas hacia uno o varios trabajadores, que resulta en menoscabo, maltrato, humillación, amenaza o perjuicio para su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Esto ha sido expresamente regulado por el legislador en el país, y se considera contrario a la dignidad de la persona. La Dirección del Trabajo ha definido el acoso laboral como cualquier acto que implique una agresión física, así como también la incitación a hacer algo, burlas insistentes, o cualquier conducta reiterada que cause mengua o descrédito en la honra o fama de la persona, o atente contra su dignidad. Si alguien es víctima de acoso laboral, debe presentar una queja por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio donde trabaja, o a la Inspección del Trabajo correspondiente.